Por Alberto Erazo Castro
Todavía recuerdo, aunque apenas era un niño, las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán. Difícilmente podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo o las justificaciones con las que se vendía semejante despliegue de fuerza. Porque siempre hay un mapa, una diapositiva y una palabra grandilocuente para vender una guerra.
Crecí viendo documentales de la propia esfera anglosajona, especialmente los producidos o difundidos por HBO, que entonces consideraba una de las aproximaciones más críticas a aquellas guerras. Incluso bajo ese filtro aparecía un verdadero circo de horrores: abusos, destrucción y muerte.
Con mayor acceso a internet descubrí que el horror desbordaba lo que había alcanzado a imaginar. Las imágenes de Abu Ghraib quedaron grabadas en mi memoria: los prisioneros, las torturas, la humillación convertida en entretenimiento para quienes posaban junto a sus víctimas. A eso se sumaron los testimonios de Guantánamo y una sucesión de atrocidades cometidas bajo la bandera de los derechos humanos.
El sufrimiento causado al pueblo iraquí deja una deuda que difícilmente podría saldarse en cien años. Sus ciudades, universidades, industria e infraestructura sostenían la vida de millones de personas. Toda esa existencia terminó a merced de quienes decidieron que había llegado la hora de salvarlos a bombazos.
Siempre habrá algún liberal dispuesto a encontrarle utilidad a la catástrofe. Con tono grave hablará de oportunidades, de errores de ejecución, de beneficios que supuestamente apreciaremos con suficiente distancia histórica. Qué cómoda resulta esa distancia cuando los muertos los pone otro.
La gigantesca Embajada de Estados Unidos en Bagdad condensa, a mis ojos, el razonamiento colonial de aquella empresa. Una fortaleza de cientos de millones de dólares en un país devastado y de enorme riqueza petrolera: la arquitectura de una potencia decidida a conservar su influencia sobre el territorio, sus contratos y su futuro. Hay que tener una fe conmovedora en Washington para contemplar semejante instalación y pensar en trámites consulares.
La promesa de democracia sirvió de envoltorio a una guerra cuya factura pagaron los iraquíes. Washington se reservó el papel de salvador, el derecho a intervenir y la autoridad para dictar las condiciones de la reconstrucción. Destruir la casa y presentarse después con las llaves: toda una vocación humanitaria.
Basta mirar el saldo de aquella empresa: las vidas destrozadas, los desplazados, los negocios de la guerra y la reconstrucción, la capacidad de las potencias extranjeras para condicionar el porvenir de un pueblo. Ahí se mide el contenido de las palabras libertad y derechos humanos cuando salen de la boca de quienes ordenan bombardear.
¿Para qué destruyeron Irak? Ya lo sabemos. La pregunta real es cómo se atreven a llamarlo democracia.
Pues bien, señores, lo que viene no se digiere fácil. Estados Unidos terminó su misión militar en Irak el 30 de septiembre de 2026. Los últimos contingentes salieron de la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí, y se replegaron a Jordania, desde donde seguirán, según dicen, actuando contra el Estado Islámico en Siria. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, lo anunció con esa solemnidad de los comunicados que ya conocemos: esto marca la transición de una misión de coalición en tiempos de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak. Traducción: nos vamos, y que Dios reparta suerte.
La responsabilidad de lidiar con lo que queda del ISIS y con las milicias alineadas con Irán recae ahora sobre Bagdad. Como el que deja la casa llena de goteras, se muda y le dice al nuevo inquilino que el techo es cosa suya.
Y como siempre que una potencia recoge sus banderas, la ceremonia viene a tapar el desastre. Objetivos cumplidos, cooperación futura, responsabilidades transferidas. Todo impecable, salvo el país que queda atrás, con las cuentas sin cerrar y los muertos sin justicia.
Veintitrés años desde la invasión, una salida en 2011, un regreso en 2014 y ahora otra salida. La pregunta sigue siendo incómodamente sencilla: ¿qué recibió la sociedad iraquí a cambio de tanta destrucción? La promesa de una vida mejor quedó enterrada bajo guerras, desplazamientos y una pelea por el poder que todavía recorre sus instituciones. Es como cuando en El Padrino matan a alguien y después mandan flores al funeral: el gesto es impecable, pero el muerto sigue muerto.
Entre la invasión y 2023 murieron hasta 210.000 civiles iraquíes. A eso súmenle 4.599 soldados estadounidenses muertos y más de 2,8 billones de dólares del contribuyente norteamericano, contando el cuidado de los veteranos y las misiones en Siria. En el pico de la guerra, en 2007, había 170.000 tropas estadounidenses en el país, mientras la violencia sectaria se descontrolaba. La superioridad militar alcanzaba para derribar al gobierno; no alcanzó para construir el orden legítimo y estable que habían prometido.
Irak padecía una dictadura feroz, guerras anteriores y años de sanciones. Reconocerlo sirve para medir la irresponsabilidad de quienes intervinieron sobre una sociedad ya castigada. Las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión no aparecieron. Lo que apareció fue una ocupación que desarticuló instituciones, disolvió el ejército y excluyó a amplios sectores ligados al antiguo régimen, multiplicando los hombres armados sin lugar en el nuevo orden.
¿Acaso alguien cree que se puede hacer todo eso y después irse silbando bajito? Eso no es tener un plan: es romper un jarrón en casa ajena y esconder los pedazos debajo de la alfombra.
El reparto del poder por cuotas étnicas y confesionales agravó la fractura. Las diferencias sociales y religiosas, que tenían su propia historia, adquirieron nuevas recompensas políticas: capturar un ministerio significaba controlar presupuestos, empleos y la vida de miles de personas.
La democracia prometida terminó conviviendo con un sistema donde el acceso a un derecho dependía demasiado seguido de tener un padrino. No se construyó una ciudadanía; se construyó un mercado de lealtades. Y los que repartieron siguen ahí, cobrando.
En ese terreno prosperó el Estado Islámico. No cayó del cielo: la destrucción institucional, la exclusión y la violencia sectaria abrieron oportunidades para sus criminales. Reconocer esa responsabilidad no exige imaginar conspiradores omnipotentes que controlaron cada consecuencia.
La irresponsabilidad también produce catástrofes. Washington no puede apropiarse del mérito de contener una amenaza surgida del caos que ayudó a sembrar, ni borrar la sangre que pusieron iraquíes, kurdos e iraníes para combatirla. Pretender que ese balance absuelva el proyecto iniciado en 2003 es pedir un premio para el pirómano por haber avisado a los bomberos.
Los iraquíes reconstruyeron ciudades y recuperaron espacios de convivencia. Ese esfuerzo les pertenece. Usarlo para justificar la invasión sería una obscenidad estadística: darle al responsable de la catástrofe el mérito de que sus víctimas hayan logrado sobrevivirla. Una elección se celebra en una fecha; reparar una sociedad exige generaciones, verdad, justicia y un proyecto común. La ocupación primero y la política de cuotas después dificultaron las cuatro cosas.
El balance geopolítico tiene, además, una ironía cruel. Estados Unidos eliminó a uno de los principales adversarios de Irán y abrió el espacio para que organizaciones ligadas históricamente a Teherán se volvieran protagonistas del nuevo Irak. Washington tenía el ejército invasor; Irán tenía relaciones cultivadas durante décadas con partidos, dirigentes y redes armadas que conocían el terreno. La potencia que quería reordenar Asia occidental a su favor terminó facilitando una de las mayores oportunidades de su rival. Es difícil imaginar una factura más cara por semejante resultado.
Los propios iraníes lo celebran. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, visitó el mes pasado en Bagdad el sitio donde mataron a Qasem Soleimani en 2020 y sostuvo que el frente de la resistencia es el que prevalece ahora. Ahí está la lectura de Teherán: el adversario se retira mientras sus aliados conservan posiciones. No hace falta ganar una guerra convencional cuando el rival termina pagando por abrirte el camino.
Esa influencia se volvió duradera porque combina vínculos armados, relaciones políticas, intercambios comerciales, suministros energéticos y conexiones religiosas. Una base militar se evacúa siguiendo un calendario; una red metida en ministerios, negocios y lealtades sociales exige una transformación mucho más profunda. La ventaja de Teherán consiste en que su presencia no depende de un contingente visible que pueda volver a casa. Puedes apagar las luces, pero ellos ya tienen su propia copia de las llaves.
Las Fuerzas de Movilización Popular muestran el alcance del problema. Ese paraguas agrupa a más de 200.000 combatientes, sostenidos por el Estado iraquí, con facciones que actúan como fuerzas aliadas de Irán y han empleado drones y misiles contra tropas estadounidenses y otros adversarios. La salida del 30 de septiembre debía coincidir con su desarme, pero llevan años resistiendo las llamadas a disolverse. El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, extendió el plazo hasta junio de 2027. Traducción: el calendario se mueve; las armas se quedan.
Según fuentes iraquíes, Asa’ib Ahl al-Haq entregó apenas la mitad de su arsenal. Sus dirigentes dicen que la otra mitad se la llevaron desertores que formaron una nueva milicia, la cual recibe apoyo iraní, coopera con los hutíes en Yemen y participó en ataques recientes contra infraestructura energética saudí. O sea: el problema cambia de nombre y sigue funcionando.
La retirada ofrece a Irán una ganancia inmediata: reduce la presencia militar de su adversario junto a su frontera y permite a sus aliados presentar años de presión como una lucha que dio resultados. También puede ampliar su margen para conservar intercambios económicos que amortigüen el aislamiento. Washington pretende limitar la influencia iraní mientras abandona una posición desde la que intentaba contenerla. Pero quedarse expuesto a ataques y atrapado en disputas locales tampoco garantizaba controlar el desenlace. Reducir esos costos puede ser una decisión conveniente; venderla como una victoria es otra cosa.
Sería apresurado, sin embargo, presentar a Irak como una propiedad de Teherán. Los actores iraquíes tienen ambiciones, rivalidades y bases sociales propias. La identidad chií no borra la identidad nacional, y una relación con Irán no implica obediencia automática. Cuanto más visible se vuelve una influencia extranjera, más expuesta queda al rechazo de quienes sufren corrupción, malos servicios o violencia. Nadie aguanta para siempre que le digan que la miseria viene de afuera cuando los de adentro también roban.
Irán necesita un vecino suficientemente estable para comerciar y suficientemente cercano para impedir que su territorio vuelva a usarse contra él. La autonomía militar de algunas facciones puede debilitar esa estabilidad: un aliado armado sirve como instrumento de presión, pero también puede provocar una escalada que comprometa a Bagdad y eleve los costos para Teherán. Influir sobre una organización no equivale a poder contenerla cuando decide librar su propia guerra.
Tampoco todo es viento en popa para Irán en el resto de la región. Los ataques contra países que albergan tropas estadounidenses durante la guerra con Irán favorecieron acercamientos entre adversarios de Teherán, incluido el de Arabia Saudita con Israel. Ese reordenamiento facilita a Washington una coordinación regional que durante años resultó difícil. Ganar posiciones en Irak no significa ganar en todos los frentes.
Para Bagdad, la oportunidad exige algo más que retirar una bandera. El Estado necesita decidir sobre la guerra, la paz, los recursos públicos y las relaciones exteriores sin quedar sometido al veto de una facción armada o de una capital extranjera. Recuperar instalaciones ayuda; conseguir que las instituciones sean obedecidas es otra tarea. La soberanía se demostrará cuando un ciudadano pueda reclamar un derecho sin preguntarse primero a qué partido pertenece quien debe garantizárselo.
El problema de las armas condensa esa dificultad. Parte de las fuerzas movilizadas contra el Estado Islámico adquirió una legitimidad porque combatió cuando otras estructuras se desmoronaban. Ese papel no puede borrarse por conveniencia, pero tampoco concede una licencia perpetua para decidir a quién atacar o qué órdenes cumplir. Meter combatientes en una nómina estatal sirve de poco si sus mandos siguen respondiendo a dirigentes particulares. La integración real exige controles y acuerdos capaces de reducir la violencia sin desatar otra pelea por el poder. Fácil de decir cuando quienes deben ceder conservan los fusiles.
Washington, por su parte, no desaparece de la ecuación. Los ingresos petroleros iraquíes depositados en una cuenta de su banco central en la Reserva Federal de Nueva York ilustran una atadura que no cabe en la foto del último avión. El dinero sigue siendo iraquí, pero la necesidad de acceder al sistema del dólar concede a Estados Unidos capacidad de presión. Te vas con las banderas, pero conservas influencia sobre la chequera.
Las sanciones, las restricciones financieras, el acceso a tecnología y la cooperación en seguridad permiten mantener esa influencia con instrumentos menos visibles. Desde Jordania, además, Estados Unidos conserva la capacidad de actuar militarmente en la región. La retirada modifica su presencia; no cancela sus intereses. También ese poder tiene límites: presionar en exceso puede deteriorar la relación con Bagdad y estimular la búsqueda de alternativas. Washington conserva ventajas considerables, aunque ya no pueda convertir cada una en obediencia.
En el Kurdistán iraquí, la salida se mira desde una vulnerabilidad concreta. La protección estadounidense pesaba en los cálculos de seguridad de Erbil y en su relación con Bagdad y los vecinos. Su reducción plantea preguntas sobre defensas, autonomía y garantías federales. Despachar esas inquietudes como simple servilismo sería ignorar experiencias reales de persecución. También sería ingenuo creer que una potencia protege indefinidamente por gratitud. Los aliados locales descubren una y otra vez que sus necesidades de supervivencia duran más que las prioridades de quienes los arman.
Turquía puede ganar espacio en seguridad, comercio y conexiones energéticas, aunque sus intereses respecto de las organizaciones kurdas no coincidan necesariamente con los de Bagdad o Erbil. Sustituir una atadura estadounidense por otra regional dejaría intacto el problema. Irak necesita relaciones con Ankara y Teherán sin aceptar que la seguridad de cada vecino se convierta en una autorización permanente para intervenir en su territorio. Si todos se creen con derecho a entrar a poner orden, Irak termina convertido en un patio trasero con varios dueños.
Las monarquías del Golfo temen una ampliación de la influencia iraní, pero también tienen interés en un Irak estable, abierto al comercio y a las inversiones. Reducirlo a un territorio que hay que disputar a Teherán perpetuaría la lógica que lo convirtió en escenario de confrontación. Para Israel, la persistencia de grupos armados ligados a Irán mantiene abierta una preocupación de seguridad. El peligro es que esa preocupación justifique nuevas acciones que debiliten todavía más la autoridad iraquí. Cada actor dice defender su seguridad; demasiados terminan construyéndola sobre la inseguridad ajena.
Siria y Jordania impiden, además, tratar la retirada como un episodio aislado. El traslado del cuartel general de la fuerza conjunta a Jordania expresa la continuidad del dispositivo estadounidense, mientras las fronteras siguen siendo atravesadas por redes armadas, rutas clandestinas y crisis políticas. La estabilidad iraquí continuará ligada a sus vecinos, aunque Bagdad reduzca la presencia extranjera dentro de su territorio.
Aquí reaparece el argumento del vacío de seguridad, tan cómodo para justificar permanencias sin fecha. El riesgo de reorganización del Estado Islámico existe y debe tomarse en serio. Pero un peligro no demuestra que la tutela militar indefinida sea la única respuesta. Si después de tantos años de entrenamiento y asistencia el sistema depende de que el protector se quede, habrá que preguntar qué instituciones se construyeron. Una política que necesita prolongarse eternamente para impedir su propio fracaso tiene dificultades evidentes para presentarse como exitosa.
¿Qué obtuvo entonces Estados Unidos? Derribó un régimen y desplegó un poder militar extraordinario, pero no consiguió convertirlo en la transformación estable, favorable y ejemplar que prometía. Ahí debe medirse el fracaso: en la distancia entre los objetivos proclamados y sus consecuencias. Mientras la sociedad estadounidense asumía costos humanos y fiscales, los negocios ligados a la guerra podían obtener beneficios. Unos ponen los muertos, otros pagan la factura y unos pocos se llevan la ganancia. Socializar las pérdidas, privatizar las ganancias: el negocio conoce bien el procedimiento.
Esta salida permite a Washington reducir su exposición y reajustar los compromisos. Admitirlo no limpia el expediente. Una retirada ordenada puede cerrar una misión militar y dejar abierto el desastre político que la precedió. Tampoco la satisfacción de Irán convierte el sufrimiento iraquí en una victoria compartida. Los Estados pueden ganar posiciones mientras las sociedades siguen pagando sus rivalidades. Irak merece algo más que cambiar de lugar en las cuentas de otros.
La medida del porvenir será la capacidad de sus habitantes para vivir con seguridad, recibir servicios, trabajar y disputar el poder sin convertirse en rehenes de un partido armado o de una potencia. Esa fue la mejora que la intervención prometió y no entregó. Quienes invadieron pueden marcharse y reordenar sus prioridades; los iraquíes se quedan reparando lo que otros presentaron como su salvación. Ahí está la obscenidad final: los arquitectos del desastre todavía pueden discutir si cumplieron su misión; las familias que enterraron a sus muertos no tienen ese lujo. Las decisiones se tomaron en oficinas a miles de kilómetros. Aquí abajo tocó correr, rezar y enterrar. Los que deciden nunca son los que pagan.
Fuente:
- The Costs of War: Iraq — Brown University, Watson Institute.
- Iraq Body Count: Civilian Deaths 2003–2023 — Iraq Body Count.
- U.S. Military Casualties in Iraq — Departamento de Defensa de Estados Unidos (DCSA).
- The Chilcot Inquiry Report — Gobierno del Reino Unido, 2016.
- Report of the Iraq Study Group — Baker y Hamilton, 2006.
- Iraq Survey Group (Informe Duelfer): Weapons of Mass Destruction — CIA, 2004.
- Abu Ghraib prison abuse scandal — The New York Times / BBC News.
- Guantánamo Bay detainee testimonies — Amnesty International / Human Rights Watch.
- U.S. Embassy in Baghdad: The Largest and Most Expensive Embassy — Congressional Research Service / U.S. Department of State.
- The Rise of ISIS — Brookings Institution / Financial Times.
- Iraq’s Sectarian Power-Sharing System — Carnegie Endowment for International Peace.
- Popular Mobilization Forces (PMF) in Iraq — International Crisis Group.
- Asa’ib Ahl al-Haq and Iran-backed Militias — Stanford University, Mapping Militant Organizations.
- Iran’s Influence in Iraq After the U.S. Withdrawal — Chatham House / Foreign Affairs.
- Qasem Soleimani’s Death and Its Aftermath — BBC News / Al Jazeera.
- Iraq’s Oil Revenue and the Federal Reserve Bank of New York — Reuters / The Wall Street Journal.
- U.S. Troop Withdrawal from Iraq, 2026 — Associated Press / Reuters.
- Pentagon Press Briefing on Iraq Mission Transition, 2026 — Departamento de Defensa de Estados Unidos.
- Iraqi Kurdistan and U.S. Security Guarantees — Middle East Institute / RAND Corporation.
- The “Security Vacuum” Argument and U.S. Military Presence — Quincy Institute for Responsible Statecraft.
